BANCADA DEL VALLE SE LLEVA ARGUMENTOS PARA DEFENDER A LA CVC
Una decisión en Bogotá acabaría con la inversión en comunidades étnicas, negras, organizaciones ambientales, en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en procesos de reforestación, protección de humedales e implicaría la salida de 450 empleados.
B- 218 Cali, septiembre 23 de 2024.
Lo que perdería el Valle del Cauca en materia de inversión ambiental, justo ahora que es el primer departamento en sostenibilidad en el país y ad portas de la COP16, cómo se verían afectados casi 450 trabajadores y las incongruencias del Proyecto de Ley 235 que pretende que las corporaciones entreguen sus acciones en empresas de servicios públicos a los entes territoriales fueron presentados en una audiencia pública convocada por congresistas del Valle.
“Quedó claro: Entidades públicas, privadas, sindicatos, ex directivos de la CVC se han pronunciado en contra del proyecto de ley que busca expropiar el patrimonio que la Corporación tiene en empresas privadas de servicios públicos. La bancada del Valle se va con cantidad de argumentos que han aportado los participantes a esta audiencia para presentársela a los autores y la ponente de esta iniciativa que está haciendo tránsito en la Cámara de Representantes. Todos unidos por la defensa de la CVC y del patrimonio que hoy se invierte en la protección de nuestro medio ambiente en el Valle del Cauca”, dijo al final del evento Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
Uno de los argumentos de los ponentes del proyecto es un supuesto conflicto de intereses a la hora de que las Corporaciones deban vigilar las empresas de servicios públicos en las que tienen acciones. En la Audiencia quedó claro que la Ley habla de personas naturales y no jurídicas y que además el control se ha venido dando de manera efectiva.
“Hoy hemos tenido aquí claridad de que a lo largo de estos últimos años se han impuesto, tanto a Celsia como a Acuavalle, multas por alrededor de 2.000 millones de pesos y eso deja ver la transparencia en los actos de la CVC hacia entidades donde tiene estas acciones, así que yo lo invitaría a que de una manera muy respetuosa se analice y se mire que los resultados que se han dado han sido en beneficio de los vallecaucanos y de esta región que es reconocida por el manejo del medio ambiente”, dijo Norma Hurtado, senadora de la República.
“Tenemos que buscar el concurso de todos los partidos porque, recuerden que no es solamente quienes hoy dirigen esta audiencia, sino que necesitamos del concurso de todos los partidos en la plenaria de la Cámara de Representantes para lograr el archivo de este proyecto de ley”, añadió.
“Respaldo total a la CVC, yo creo que la CVC nos ha cumplido a todos los vallecaucanos y si nos ha cumplido tenemos que seguirle empujando y seguirle ayudando, no puede ser posible que nos traten de expropiar esta institución de esta importancia y tanta relevancia para este departamento. Tiene 70 años y son 70 años que no se pueden perder”, dijo por su parte Francisco José Lourido, presidente de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos, SAG del Valle del Cauca.
“Dejaríamos la inversión en comunidades étnicas, comunidades negras, en las organizaciones ambientales, en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, dejaríamos de hacer inversión en los procesos de reforestación, dejaríamos de proteger nuestros humedales y sumado a eso nos tocaría salir de entre 400 a 450 empleados de la corporación, es decir estaríamos hablando de la eliminación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, una corporación que lleva 70 años en el territorio sencillamente porque en Bogotá les dio el capricho de quitarnos unos recursos que son de los vallecaucanos sin ningún fundamento legal”, dijo por su parte Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.
En la audiencia intervinieron además una representante de la Gobernación del Valle, de la CRC, el presidente de Celsia, el director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, Asocars, directivos sindicales y trabajadores ambientales, todos en contra del proyecto de ley.
